La jueza María Álvarez Camacho, titular del Primer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria, declaró fundado el pedido del fiscal German Juárez, integrante del equipo especial Lava Jato, para incorporar a 16 empresas como personas jurídicas investigadas en el proceso penal por el denominado caso ‘Club de la Construcción’, confirmaron fuentes del Poder Judicial.
Con esta decisión, las compañías podrían acogerse a la Ley 30737 a fin de constituir fideicomisos para garantizar los eventuales pagos de reparación civil que tendrían que afrontar por posibles daños al Estado.
En caso contrario, la Procuraduría Ad hoc para el caso Lava Jato iniciará acciones legales para garantizar el pago de la reparación civil.
Graña y Montero responde
La compañía Graña y Montero S.A.A. se pronunció luego de conocerse que una de sus subsidiarias (GyM) había sido incluida como persona jurídica en la investigación preparatoria.
Mediante un comunicado, subrayaron que «la decisión del Juzgado no implica un pronunciamiento final o definitivo sobre la culpabilidad de GyM ni la imposición de sanción ni de consecuencia accesoria alguna».
Asimismo, reiteró que el Grupo Graña y Montero mantendrá su disponibilidad «para aportar a las investigaciones».