Se exceptúa a la contratación de servicios de carácter urgente y temporal, por un lapso que no podrá exceder seis meses calendario.
Aquellas posiciones de carácter urgente y temporal, debidamente acreditadas y por un lapso de seis meses, serán exceptuadas de esta ley. A las entidades estatales se les otorga un plazo de un año para su adecuación.
Con 85 votos a favor, 11 en contra y 6 abstenciones, el Pleno del Congreso aprobó la autógrafa que prohíbe a las entidades públicas contratar personal mediante la modalidad de locación de servicios para actividades de naturaleza subordinada y permanente.
El objetivo es evitar la desnaturalización de la relación laboral, garantizando el derecho de los trabajadores en todas las entidades pertenecientes a los poderes del Estado, organismos constitucionales autónomos, gobiernos regionales y locales, incluyendo organismos descentralizados, proyectos especiales, y programas.
Daniel Oseda, presidente de la Comisión de Trabajo, señaló que “con esta norma vamos a reivindicar a miles de trabajadores del sector público que por años vienen laborando en situaciones precarias. Es una iniciativa a favor de la clase trabajadora”.
Redacción: Elizabeth Meneses.
Fuente: La República.
