El martes 15 de junio se reportó en el diario español Público que, España “sigue armando a los antidisturbios de Perú y Togo, señalados por vulnerar los derechos humanos”, por los sucesos del año pasado tras la vacancia del expresidente Martín Vizcarra.
“El Gobierno, a través de la junta interministerial encargada de la concesión de autorizaciones de exportación de armamento, autorizó en 2020 varias ventas de material antidisturbios a ambos países por un valor global que supera los 10 millones de euros”, escribió el periodista Danilo Albin.
La Organización de las Naciones (ONU) manifestó en noviembre del año pasado, su “profunda preocupación” por la actuación de las fuerzas del orden durante las protestas contra Manuel Merino, del cual acabó con la muerte de Inti Sotelo Camargo y Jack Bryan Pintado.
El 13 de noviembre se omitió un comunicado de la ONU denunciando que se han registrado violaciones del derecho de los detenidos al debido proceso ante las capturas de manifestantes de los adolescentes. “Es necesario recordar que la utilización arbitraria e indiscriminada de las armas no letales vulnera el principio de proporcionalidad e infringe los estándares internacionales”, precisó.
“Es preciso alinear, cuanto antes, las acciones de control a las obligaciones internacionales del Estado peruano al haber ratificado diversos instrumentos de derechos humanos como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, afirmó en ese momento.
Redacción: Lady Guerrero
Fuente: La Republica